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Consulado de Colombia en Miami

El Encargado de Funciones Consulares y funcionarios del INPEC asistieron a la IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de la OEA

 

Santo Domingo (feb. 3 y 4/20). El Encargado de Funciones Consulares, Juan Pablo Valbuena Reyes, junto con personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en calidad de “sociedad civil”, asistieron a la IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados Americanos de la OEA como representantes de la delegación de Colombia.

En este encuentro se abordaron problemáticas en materia carcelaria que involucran a toda América Latina como son el hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios de los países asistentes. Adicionalmente, se expusieron casos de modelos exitosos y buenas practicas a la hora de dar un trato digno y humano de la población penitenciaria con el propósito de alcanzar una resocialización exitosa y una reducción de la reincidencia.

Entre las buenas prácticas compartidas se habló de temas como construcción y remodelación de actuales centros penales aplicando las Reglas Mandela, alianzas público privadas para alfabetizar y capacitar tanto al personal penitenciario como a los privados de la libertad, alianzas público privadas para la vinculación laboral de los privados de la libertad desde el interior del centro penitenciario y una vez cumplida su pena y finalmente el enfoque diferencial a la hora de brindar asistencia psicológica y social a la hora de abordar el entorno económico y social que rodea al privado de la libertad y su núcleo familiar con el propósito de identificar las causas económicas y psicosociales que lo llevaron a cometer el delito, con el propósito de darle un tratamiento que le permita no caer en la reincidencia una vez abandone el centro penal.

Por último, como resultado del evento se presentó un proyecto de recomendaciones el cual fue acogido por todos los países asistentes, incluyendo Colombia por autorización del Ministerio de Justicia. Proyecto en el que se enmarcaban las buenas practicas mencionadas anteriormente, tales como la lucha contra el hacinamiento, el tratamiento humano de la población carcelaria y la capacitación del personal penitenciario, así como de los privados de la libertar, con el propósito de un disminuir el riesgo de reincidencia.